Prorrogan por 90 días la implementación del nuevo Código Procesal Penal por falta de condiciones operativas
El gobierno de Salta decidió prorrogar por al menos 90 días la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que debía comenzar a aplicarse el primer día hábil de febrero, tras pedidos de la Defensoría General y la Procuración General que advirtieron que aún no están dadas las condiciones operativas, organizacionales y tecnológicas necesarias para su implementación efectiva.
Desde el Poder Judicial provincial confirmaron que continúan las tareas para poner en marcha el nuevo sistema, mientras que días antes se había realizado una reunión entre la Corte de Justicia y el Ejecutivo para coordinar acciones estratégicas vinculadas al modelo acusatorio adversarial, que finalmente derivó en la solicitud formal de prórroga.
La reforma, establecida en la Ley número 8520, apunta a reemplazar el sistema anterior por uno más ágil, transparente y basado en la oralidad, con mayor protagonismo del Ministerio Público en la acusación y herramientas específicas para investigaciones complejas, como las figuras de agentes encubiertos, reveladores e informantes, previstas en el Título VI sobre técnicas especiales de investigación.
Desde el ámbito jurídico, algunos sectores consideran que la postergación responde a un criterio de responsabilidad institucional. La presidenta del Colegio de Abogados de Salta, Trinidad Arias Villegas, sostuvo que el objetivo es garantizar que los recursos estén plenamente operativos, especialmente el sistema informático, clave para el funcionamiento del nuevo modelo procesal. Además, destacó que la reforma representa un paso hacia la modernización del sistema judicial, con procesos más ágiles y eficientes.
No obstante, también surgen críticas desde la práctica cotidiana. Abogadas penalistas señalaron que ya funcionan oficinas judiciales como la OFIJU y dependencias administrativas para audiencias y notificaciones, pero advirtieron que persisten demoras, concentración de trabajo y falta de agilidad, lo que contradice el objetivo de celeridad que busca la reforma.
Otro de los ejes centrales del nuevo código es la oralidad y publicidad de las audiencias, que deberán ser grabadas en soporte audiovisual para garantizar transparencia y acceso ciudadano. Sin embargo, aún existen limitaciones informáticas y edilicias que impiden que todas las salas cuenten con sistemas de grabación adecuados.
Especialistas coinciden en que la reforma es necesaria, aunque remarcan que su implementación requiere capacitación de magistrados, funcionarios y operadores judiciales, además de adaptaciones administrativas y tecnológicas, por lo que la prórroga se interpreta como una medida para asegurar una aplicación ordenada, eficaz y sostenible en el tiempo.
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