A partir de ahí todo fue incierto. El ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, salió a dar diferentes versiones, incluso aseguró que el intrépido y escurridizo hampón ya no se encontraba en Salta, sino que había cruzado la frontera hasta el vecino país de Bolivia.

La polvareda fue tal que ya se estaba pensando en dar aviso a Gendarmería, Interpol, y hasta al FBI o a la CIA. Los rastrillajes parecían de película, los perros sedientos y con la lengua afuera iban y venían, como bola sin manija, en busca de algún rastro que los pueda conducir hasta Ricardo Campos.

Finalmente, en la tarde del jueves el asunto quedó resuelto cuando un vecino, ¡un vecino!, dio aviso que el prófugo se encontraba en un domicilio del barrio Limache, a 5 kilómetros del centro de la ciudad. “Angelito” estaba a la vista de todos, como si no le debiera nada a nadie y tomando unas minivacaciones de la cárcel, planeando su próxima salida. Es que, por estos lares, es muy fácil “bailar sabroso” a la seguridad de Domínguez, quien dicho sea de paso y lejos de hacer un mea culpa, resolvió aplicar una sanción contra los “coquetos” guardias que se encontraban en ese momento con Campos, como para decir que “algo hizo” y que los salteños tengan un consuelo de opa.

Para colmo de males, quienes deberían salir a bancar al ministro en todo este escándalo, terminan hundiéndolo aún más. La cúpula del Servicio Penitenciario se ve envuelta en acusaciones tras la desprolija custodia del reo y el suicidio de otro guardiacárcel en el interior provincial; mientras que la Policía, a cargo de Diego Bustos, sigue herida por los hechos delictivos de sus integrantes y la nula pericia del titular institucional para responder simples preguntas de periodistas que dejan en evidencia el desconocimiento en materia legal por parte del JP.