Según la hija del destituido intendente capitalino "Villita", la Cámara se debe este debate ya que son muchos, a su parecer, los abogados que consideran que sus colegas que forman parte del Poder Legislativo no tengan una incompatibilidad de funciones respecto a lo público y lo privado.

La legisladora argumenta su postura en la posibilidad de que alguna vez acabe su mandato, y pueda continuar con su "compromiso social" desde su profesión y esgrimió que, de llegar a darse esta posibilidad, permitiría que los legisladores no busquen perpetuarse en la función.

Irónicamente, resulta risible que los honorables miembros del Poder Legislativo deban tener un incentivo para tener un poco de dignidad y dejar la función pública cuando ya no estén motivados para tal fin. Tal vez, si tuvieran dietas más acordes a un sueldo de cualquier trabajador público lo pensarían dos veces antes de incursionar en política, ¿no?

Si bien no lo entiende de esta forma, el ex intendente caldereño y actual legislador departamental, Luis "Gringo" Mendaña, decidió presentar en las últimas horas un proyecto que va en contra de los pedidos de Villamayor, a pesar de pertenecer a la misma línea política.

Lejos de entender la limitación que padecen los legisladores abogados a comparación de los que ejercen en paralelo otras profesiones, como los médicos Bernardo Biella o Juan José Esteban en Capital, los periodistas Lamberto o Valenzuela, el ex fiambrero Exeni, el cantante tropical David Leiva, el tabacalero Amat, el entrenador físico Monteagudo, entre otros rubros; Mendaña reafirmó la postura de que el funcionario público debe estar 24/7 al servicio de la comunidad, postura criticada fuertemente por Villamayor quien dijo que ningún trabajador está dispuesto el 100 por ciento de su tiempo a lo laboral.

Claro, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de argentinos no tienen el privilegio de los diputados quienes hoy, entre dieta y otros ítems, están rondando los 7 millones de pesos mensuales, con vacaciones de tres meses pagas en verano, con dos semanas de receso abonado en invierno, con feriados y otras fechas no laborables por acuerdos y que, además, ahora pretenden facturar más litigando.