Según se supo, el proyecto en cuestión busca prohibir la utilización de dispositivos móviles por parte de alumnos de instituciones públicas y privadas, de los niveles inicial, primario y secundario. La única excepción permitida sería la necesidad de conectarse a la red para realizar alguna actividad que soliciten los docentes, bajo el estricto control de ellos. Docentes y niñeros, pero por un mismo sueldo. Primer inconveniente.

Llamativamente, los legisladores no están al tanto que la inmensa mayoría de niños salteños, habitantes de una de las provincias menos favorecidas en cuanto al crecimiento económico de la población, no es muy común ver a los niños de primaria con un dispositivo entre sus manos. Sobre todo, en las periferias de Capital y el interior provincial. Un teléfono inteligente es un lujo que no todas las familias pueden permitirse.

Pero, a pesar de la importancia de regular la exposición a las pantallas por parte de los menores, poco se habla del daño que causa también entre aquellos que ya no asisten a la escuela. Un claro ejemplo son los propios legisladores. Es demasiado común ver a los representantes del pueblo sumergidos en sus dispositivos en plenas sesiones, sin prestar ni un poco de atención a los distintos debates que se suelen dar en los recintos.

Durante las transmisiones en redes sociales, y más aún de forma presencial, es moneda corriente observar a los legisladores sumergidos en sus teléfonos, muchos de ellos de alta gama. WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook, en ese orden, son los sitios predilectos de diputados, senadores y concejales que aprovechan las largas intervenciones de sus pares para reaccionar, comentar y publicar algo en sus redes sociales. En pocas palabras, realizan actividades fuera de lo legislativo en horario laboral.

Siempre la paja en el ojo ajeno…