Las "turistas francesas", como se las conoce incluso hasta hoy, fueron abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una. Con el correr de los meses se conoció que no eran turistas, y que hasta habrían participado de una fiesta VIP en donde habría entre los participantes personas relacionadas al poder.

El vocero de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, emitió un duro comunicado sobre el caso que aún sigue despertando dudas. En el mismo menciona que los verdaderos culpables de estos atroces crímenes, continúan en libertad y que se encuentran bajo la protección de un sistema judicial repleto de corrupción ya que "detener a los verdaderos asesinos de las francesas desencadenaría una verdadera catástrofe democrática a nivel local", ya que "las consecuencias del poder político serían dramáticas".

Dicho interés político, señalado en el comunicado, busca evitar el desenlace, mientras las familias continúan sin tener certezas de los que ellos consideran los verdaderos responsables del doble crimen. Pero lo verdaderamente llamativo surge de la acusación que se realiza sobre el poder que debería investigar a fondo.

Jean-Charles Chatard, el periodista que acompaña a las familias de las víctimas, asevera que la provincia cuenta con los medios tecnológicos y personal debidamente capacitado para realizar una tarea en profundidad; pero la Justicia se niega sistemáticamente a emplearlos. La molestia radica en que, durante los últimos cinco meses, no hubo ningún avance en la investigación.

El Ministerio Público Fiscal también entra en la polémica. Es que, desde la implementación del sistema acusatorio en la provincial, los fiscales son los que deben llevar adelante los casos hasta que los jueces hacen su parte. En este caso puntual, la fiscalía cierra los ojos y favorece "la impunidad de los tres sospechosos que nunca han sido molestados".

La situación podría verse nuevamente acomplejada ya que Bouvier, quien no pudo viajar a Salta esta semana, tiene pensado volver en septiembre para reiterar el pedido de justicia, mismo que realizó ya tiempo atrás Isabelle Rome, embajadora francesa de Derechos Humanos, quien exigió a las autoridades argentinas que se investigue, juzgue y encarcele a los asesinos sin demora alguna.

Si a esto se suma el papelón que tuvo como víctima a Santos Clemente Vera quien fue encarcelado durante once años y a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación le revocara la sentencia a prisión perpetua y ordenara su inmediata libertad meses atrás, lo que fue cumplido a rajatabla por la presidenta de la Corte salteña, Teresa Ovejero; las sospechas sobre una Justicia local que busca tapar a posibles acusados se acrecientan.

Fiscales, funcionarios judiciales, jueces, ex magistrados e investigadores siguen bajo la lupa por su afinidad con el poder político que, aunque fue de otra época, hoy sigue teniendo algún tipo de influencia sobre ellos.