Fue el 10 de junio del 2013 cuando Ezequiel Cardozo, un niño de apenas 9 años proveniente de una familia de escasos recursos y era alumno internado del Hogar Escuela "Carmen Puch de Güemes", fue aplastado por una pared de una antigua construcción en los predios del establecimiento. Su muerte fue una tragedia evitable y solamente tuvo un culpable. Esa estructura estaba cediendo, un sereno quiso destruirla y llevarse los ladrillos para hacer un horno en su casa. No lo dejaron. Al tiempo se desplomó.

Si bien el responsable principal fue condenado, aunque no cumplió con prisión efectiva, poco se habló de la responsabilidad estatal en esa ocasión. Tras el suceso, fueron innumerables las denuncias, presentaciones, notas y entrevistas realizadas por diversos medios de comunicación que marcaban el estado deplorable en el que se encontraban las unidades educativas. Paredes, techos, pisos, instalaciones eléctricas, aberturas. Todo fallaba y desde el Gobierno, entonces a cargo de Juan Manuel Urtubey, solamente deslindaron responsabilidades en profesores y directivos de los establecimientos.

Por ese entonces el titular de la cartera de Educación era quien hoy ocupa el cargo de ministro, pero de Economía. Incluso fue citado por la Cámara de Diputados y "gambeteó" las respuestas. No dio datos precisos sobre el estado de las escuelas, y remarcó en todo momento que se había asistido psicológicamente y con dinero a la familia del niño fallecido. En esa ocasión, se pedía por su renuncia por ser considerado como responsable directo. Eso no ocurrió y Roberto Dib Ashur dejó el cargo tiempo después para intentar competir por una banca en la Legislatura, la cual le fue denegada por el pueblo.

En esta ocasión ocurre algo similar. El 6 de junio pasado Valentín Guzmán de 11 años de edad, residente de La Poma, uno de los municipios más pobres y desolados de Salta, cayó en un pozo ciego tras romperse una especie de tapa en la cual se había subido junto a otros compañeros que salvaron su vida de milagro. Al igual que en 2013, los primeros en ser señalados desde el ejecutivo fueron docentes y directivos de la escuela. La directora, Elba Arapa, fue rápidamente apartada del cargo por la actual ministra de Educación, Cristina Fiore, mientras avanzan las investigaciones.

Desde el minuto uno de la tragedia, el Gobierno, incluso el propio gobernador Gustavo Sáenz, trató de despegarse de la responsabilidad del accidente que le costó la vida al menor. No hubo una postura de averiguar qué fue lo que ocurrió, sino que se buscó culpables desde el comienzo, y cortaron el hilo por lo más delgado; como siempre. Las declaraciones del mandatario al día siguiente encendieron alarma en directivos y la comunidad educativa en general que son víctimas del abandono y el desinterés por parte de los funcionarios que reciben constantemente pedidos de mejoras o refacciones en los establecimientos, y los apilan en biblioratos, cajas y escritorios.

Al igual que en aquellos años, se busca responsabilizar al docente. Los ministros nunca tienen la culpa. La familia que llora la pérdida de sus hijos tiene que conformarse con una "contención psicológica" y alguna ayuda económica por un breve lapso de tiempo antes de caer en el olvido. Esos padres deben esperar un largo proceso judicial que pocas veces tiene verdadera justicia ya que los culpables nunca son los verdaderos responsables del mal estado de las escuelas. Siempre es un "perejil", un maestro, un directivo. Paradójicamente son ellos los que comparten a diario con los alumnos, los que elevan notas y los que son ignorados.

Todo indica que los mártires de las escuelas seguirán siendo una pesada cruz para los titulares de las carteras educativas, no importa la gestión, pero que solamente serán una cruz que carguen internamente, ya que, por fuera la vida, la justicia, y la impunidad se encargan de mantenerlos lejos del banquillo de acusados.